Expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León
Integrantes: Gabriel Silva, Antonio Carrillo y Ricardo Vargas 2A

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Los desafíos del nuevo periodo

 

El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puso en cuestión el orden político construido en los dos últimos sexenios: el liberalismo social. La realidad política nacional había engendrado una coyuntura que posibilitó un cambio substancial en los tres principales pilares que sostienen el sistema de dominación en México: presidencialismo, esquemas corporativos de control social y partido de Estado.

 

La posibilidad tenía un plazo: el 21 de agosto de 1994, día de la elección presidencial. Las fuerzas políticas de oposición, con el EZLN a la cabeza, pensaron que los comicios de agosto marcarían el inicio de un real tránsito a la democracia, impulsado por un gobierno de transición electo por la voluntad ciudadana a través del voto, que terminaría por desmontar los viejos estilos de ejercer el poder en México.

 

En efecto, el breve e intenso periodo inaugurado con la coyuntura del día 1 de enero de 1994, habría de terminar con la elección presidencial. Sólo que los resultados electorales, lejos de afirmar a un gobierno de oposición encargado de la transición a la democracia, parecieron devolverle al gobierno salinista y a su partido la cuestionada legitimidad al orden establecido. Sin embargo, por más que se quisiera, el orden impuesto a través del nombrado liberalismo social, ya no podía ser el mismo. La realidad política le iba a exigir al nuevo gobierno cambios importantes al orden construido por las dos anteriores administraciones, empeñadas, desde 1983, en facilitar el tránsito del país a la modernidad. Tres grandes acontecimientos así habrían de mostrarlo:

 

El mantenimiento de la insurgencia armada en Chiapas, ahora complicada con una fuerte resistencia civil a los resultados de los procesos electorales locales y con un cada vez más polarizado enfrentamiento entre poseedores y no poseedores de tierra en la región.

 

La profundización de la crisis en el centro del poder, expresada el mes de noviembre en el asesinato del líder priista José Francisco Ruiz Massieu.

 

El agotamiento de una política económica que mostró con la devaluación del mes de diciembre su incapacidad para llevar a buen término el cambio estructural que requería el país en su aventura globalizadora.

 

A fines de 1994 principios de 1995, el gobierno de Ernesto Zedillo recibió su bautizo de fuego. En unas cuantas semanas sentimos que el país podría naufragar. Del triunfante discurso salinista pasamos, sin mediación, a una descarnada realidad que nos hizo recordar otro mes de enero, el de 1983, y su cumplida promesa de austeridad. De la oferta de bienestar social, tantas veces difundida a lo largo de la campaña del candidato priista a la presidencia de la República, transitamos a la petición de sacrificio en bien de la nación que nos hizo el Ejecutivo Federal. Y por si esto fuera poco, la paz en el país seguía amenazada por un conflicto guerrillero no resuelto, por una guerra civil en ciernes y por agudas dificultades poselectorales que desalaban los poderes regionales y federales. El orden establecido seguía en cuestión, pero ahora más amenazado que nunca por el quiebre financiero que sufría el país.

 

En esta situación de agobio económico y político, el gobierno iniciaba el nuevo periodo enfrentando los mismos retos que dejó sin solución el periodo anterior, sólo que ahora los desequilibrios sociales creados exigían con más fuerza de soluciones rápidas:

 

Reformular, o consolidar, la política económica delineada desde 1982 por el Fondo Monetario Internacional. Esto es, modificar, o aceptar, el hecho de que el desarrollo de la economía nacional descanse, en lo fundamental, en los procesos reprivatizadores y en el capital extranjero golondrina; en la temerosa y poco comprometida inversión especulativa del capital transnacional que, según mostró la devaluación de diciembre, no sólo no ayudó a fortalecer el aparato productivo nacional, sino que además, desequilibró la estructura financiera del país obstaculizando su inserción en los esquemas globalizadores impuestos por el mercado mundial.

 

Fortalecer, o debilitar, el viejo Estado autoritario apoyado en un sistema presidencialista excluyente. Apoyar el inicio, o combatirlo, de un verdadero tránsito a la democracia, una reforma política de fondo que vaya más allá de la exigencia ciudadana por hacer creíbles y contables los procesos electorales. Que ataque frontalmente la estructura del Estado hasta hacerla congruente con el régimen jurídico que, teóricamente, debería normar el funcionamiento de nuestras instituciones: equilibrio de poderes y República Federal. Esto es, limitar, o mantener, el poder presidencial; liquidar, o sostener, el esquema corporativo como instrumento de control social y desaparecer, o conservar, el binomio partido-Estado.

 

Continuar definiendo, autoritariamente, los contenidos del proyecto nacional del nuevo Estado que desde 1983 se construye, o impulsar la participación real de partidos políticos y organizaciones sociales en la discusión sobre la idea de organización social que se quiere para el país. Nos referimos en concreto a la voluntad política del nuevo gobierno para aceptar, o rechazar, la posibilidad de confrontar realmente con la sociedad las reformas que unilateralmente se han realizado al texto constitucional en favor del modelo económico impuesto desde hace cuando menos dos sexenios.

 

Terminar con el conflicto armado en Chiapas por medio de soluciones políticas que den respuesta satisfactoria a las demandas esenciales del EZLN, o insistir en arreglos asistenciales apoyados en la fuerza militar, aceptando el enorme riesgo de una guerra sin tiempo en el sureste mexicano que amenace con extenderse a otras regiones del territorio nacional.

 

En suma, al igual que el 1 de enero de 1994 -pero con más urgencias que entonces - la realidad política del país vuelve a exigirle al gobierno mexicano en enero de 1995, cambios de fondo al sistema de dominación en México.

 

Cambios que tienen que ver con la transformación de la vertical estructura de poder existente en el país, con la apertura de la clase política que desde hace más de medio siglo se apoderó de la lucha por el poder, con la eliminación de conductas y comportamientos que terminaron por consolidar una cultura política excluyente, y, principalmente, con la aceptación, rechazo o reformulación de las herencias doctrinarias que legó la Revolución Mexicana, fuente de consenso y legitimidad de los gobiernos priistas.

 

El nuevo periodo vuelve a expresar la posibilidad de cambios trascendentes en el sistema político mexicano, o de reforzamiento de su carácter autoritario y centralista.

 

© 2024 Expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León

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