MAS información acerca del conflicto chiapaneco en la encrucijada

El 9 de febrero, de manera por demás inesperada, el presidente Zedillo decidió girar órdenes de aprehensión contra los recién desenmascarados líderes del EZLN, con el subcomandante Marcos a la cabeza. Dichas órdenes tenían que ser cumplidas en la Selva Lacandona, dentro del territorio considerado zapatista, por agentes de la PGR que apoyarían el cumplimiento de sus instrucciones en la fuerza de los contingentes armados del Ejército Mexicano destacados en la región. Los motivos de tan sorpresivo decisión tuvieron que ver -según el mensaje del Primer Mandatario a la nación- con el descubrimiento por parte de la PGR de dos arsenales, uno en el DF y otro en Yanga, Ver., con armas destinadas al Ejército Zapatista. La interpretación oficial del hecho, apoyada en las presuntas declaraciones de los detenidos, fue la siguiente: mientras el gobierno de la República realiza sus mejores esfuerzos para lograr una paz negociada -expresó el presidente Zedillo- el EZLN se prepara para extender el conflicto más allá de las fronteras de Chiapas.

La declaración presidencial sacudió políticamente al país. El problema económico engendrado por la devaluación del peso en diciembre, los conflictos poselectorales en Tabasco y Chiapas, la discusión sobre el diálogo nacional para impulsar la reforma del poder y las expectativas causadas por los avances en la investigación del caso Colosio, pasaron a un segundo plano de importancia. Las consecuencias del hecho se percibían como graves. Veamos.

Dejando de lado los formulismos jurídicos y atendiendo al razonamiento político, el mensaje a la nación del presidente Zedillo el día 9 de febrero sólo pudo ser interpretado como una declaración de guerra al EZLN. En cierta medida, y de no ser por los acontecimientos ocurridos después de la devaluación del peso, tal decisión parecía congruente con su concepción del conflicto. No olvidemos que Ernesto Zedillo, desde sus tiempos de candidato a la presidencia de la República, siempre pensó que la solución al problema de Chiapas era social y reducida a ese espacio geográfico. Hasta donde recordamos, nunca hizo mención a los reclamos políticos que articulan las demandas sociales del EZLN. Más aún, ya como presidente electo, ignoró el hecho de que cualquier posibilidad de paz en la región tenía que ir de la mano con la transformación radical del ejercicio de la dominación en la entidad, con la supresión de arcaicas formas de poder caciquil que impiden cualquier tránsito posible a la democracia. Resultaba evidente que, más que llamados abstractos a la negociación, se requería de una auténtica voluntad de paz que necesariamente tendría que pasar, en ese momento, por la renuncia de Eduardo Robledo Rincón al cargo de gobernador del estado de Chiapas